La amplia incidencia de la gran, la mediana y la pequeña minería en la economía y en la vida socioeconómica de nuestro país, ha ido conformando desde hace ya varias décadas un vasto y complejo entramado de leyes referidas a ese sector productivo. Esto ha representado, por un lado, un permanente esfuerzo de parte de las autoridades y legisladores para mantener modernizada y en armonía jurídica aquella normativa. En tanto, para muchos académicos y abogados ha implicado una preocupación constante por favorecer que ella contribuya al buen desarrollo del quehacer minero. A la base de esta inquietud está el objetivo de que este contribuya efectivamente al bien común y al interés general de Chile.
